La ministra de Justicia, Javiera Blanco, endureció su postura y adelantó que se tomarán medidas si es que continúa el paro.
SANTIAGO.- Eran las 21.00 de ayer y en La Moneda se haría un anuncio sobre la postura del Gobierno frente la radicalización del paro del Registro Civil a partir del lunes. La primera en hablar fue la ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien se dirigió a los funcionarios paralizados liderado por la dirigenta Nelly Díaz y lanzó el ultimátum: “Lamento profundamente que en una democracia, servidores públicos amenacen no prestar un servicio. Nos debemos a los ciudadanos. Esperamos que ese día estén en sus puestos de trabajo porque el servicio hay que prestarlo. El lunes el servicio se presta sí o sí”.
De esta manera y en compañía del nuevo director de la entidad, Luis Acevedo, criticó la postura de los empleados públicos que se mantienen paralizados desde el 29 de septiembre.
Ya son 25 días en que las largas filas y las esperas nocturnas por un número de atención marcan la jornada. Sin embargo, el conflicto entre el Gobierno y los dirigentes se agravó el jueves tras el anuncio de que los turnos éticos se acababan y no atenderían a nadie a lo largo del país.
“Muchos chilenos no pudieron inscribir a sus hijos, donde un momento de alegría se tiñó de oscuridad. Muchas personas que vieron partir a sus parientes no tuvieron certificados de defunción. Otros perdieron becas. Los intereses de los funcionarios públicos no pueden estar por sobre del de los chilenos”, manifestó la ministra Blanco.
Es por esto, que el Gobierno anunció que se aplicarán descuentos a los funcionarios y se abrirán sumarios a raíz de que este tipo de paros no están autorizados para los funcionarios públicos. Incluso, ayer, trascendió que existía dificultad en detectar quienes efectivamente no atendieron público porque muchos de los trabajadores movilizados marcan tarjeta. incluso, los funcionarios recibieron el 15 de octubre sus sueldos íntegros a raíz de que aún no se determinar a quiénes se les debe aplicar la rebaja del salario.
Ayer la Contraloría despachó un oficio solicitando al servicio información sobre el paro. Cinco fueron las cosas que se pidieron: circunstancias de la participación del personal en el paro; las acciones dispuestas por la jefatura del organismo; las medidas de contingencia aplicadas; situación del pago de remuneraciones, considerando los días no trabajados; y los sumarios administrativos dispuestos. En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recuso de protección interpuesto por los funcionarios.