En medio de una manifestación frente a la sede del Congreso Nacional en Santiago, La Convención Constitucional, en una segunda votación tras una primera que no alcanzó el quórum, aprobó una declaración sobre los llamados «prisioneros de la revuelta social», algo que marcó los últimos días en torno a esta organización.
Para debatir el asunto, el directorio propuso que se reúnan en grupos para redactar su propia propuesta, la cual debe ser aprobada en una votación que requiera quórum de mayoría absoluta, es decir, 78 votos (la mitad más uno).
Así, en una segunda vuelta, el comunicado emitido por el Colectivo Socialista, Frente Amplio y Partido Comunista Alcanzado 105 votos a favor, mientras que el documento que propuso La Lista Popular y los representantes de los escaños reservados no fue compatible.
esto tiene Tuvo un amplio debate en el cuerpo constitucional, ya que los sectores más moderados acusan que esto va más allá de las competencias de la Convención y que los crímenes cometidos durante este período de convulsión social no se pueden estandarizar.
Este es un avance de lo vivido con los prisioneros de la revuelta, la movilización en las calles hizo posible este histórico proceso.
– Elisa Loncon – Constituyente Mapuche (@ElisaLoncon) 8 de julio de 2021
DETALLES DEL TEXTO APROBADO
El texto admitido (leer aquí) manifestó que «la Convención Constitucional, sin pretender interferir o asumir las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de hablar en contra del país en relación a estas situaciones contingentes que, por supuesto, contradicen el espíritu que guía su trabajo: establecer un camino de paz y justicia social para todos y cada uno en nuestra comunidad política. «
En ese sentido, destacó que “la violencia que acompañó los hechos de octubre (2019) fue consecuencia de que los poderes que estaban en el poder no pudieron brindarnos la oportunidad de construir una Nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención, deben hacerse cargo de eso «.
Por tanto, «exigen» los siguientes puntos a los poderes Legislativo y Ejecutivo:
- a) En relación con la Proyecto de ley de indulto general (Boletín No. 13,941-17) en la Comisión de Constitución del Senado, su procesamiento con el velocidad maxima.
- b) Al Poder Ejecutivo para otorgar urgencia extrema legislación al Proyecto de Indulto General (Boletín No. 13.941-17) y al Proyecto de Ley de Reparación de Víctimas de Derechos Humanos (Boletín No. 13.854-17). Como el retiro de todas las reclamaciones presentadas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
- c) El desmilitarización inmediata del Wallmapu, así como la derogación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche
«Le ruego me disculpe, en el caso de las regiones de Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos es aplicable desde 2001 para los presos políticos mapuche ”, agrega el documento.
- d) En el proyecto de ley 13715-17, apoyar una indicación que prevé la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en relación con la conocimiento de situaciones tipificadas como delitos y que constituyan el ejercicio de derechos territoriales, culturales y políticos y la Aplicación preferencial y obligatoria de penas distintas de la privación de libertad..
- e) Que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique inmediatamente las disposiciones de Convenio 169 de la OIT y Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
- d) La implementación de un política de justicia sólida, lo que contribuye a la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, individual y colectivamente, por quienes fueron víctimas de persecución, encarcelamiento político y violación sistemática de los derechos humanos.
Declaración aprobada por la Convención Constitucional sobre prisioneros de rebelión. pic.twitter.com/04bcN0DZZf
– Elisa Loncon – Constituyente Mapuche (@ElisaLoncon) 8 de julio de 2021
POSTURA DERECHA OPUESTA
En un comunicado público, los convencionalistas de derecha insistieron en que no hay presos políticos en el país y que la Convención debe centrarse en los temas para los que fue convocada, es decir, redactar la nueva Carta Fundamental.
Desde el Gobierno, la posición de la derecha fue reafirmada por la Subsecretaria de Gobernación, Juan Francisco Galli: “Escuché hoy en la Asamblea Constituyente a personas que dijeron que era necesario perdonar a las personas privadas de libertad para poder dar señales políticas. ¿Vamos a declarar la impunidad a los que entraron a saquear una ferretería y golpear a los trabajadores de allí? Creo que las señales deberían ser claras: ni los que ayer usaron cócteles molotov y saquearon establecimientos comerciales, ni los que lo hicieron durante la convulsión social son presos políticos«, al punto.