La Administradora de Sitios de comidas Limitada (ADR) transporta 26 años adelante del local de Doggis como franquiciado, pero la celebración de este miércoles a lo largo de todo el día les dejó un mal gusto de boca.
La compañía trabaja 11 tiendas G&N Brands, la compañía matriz de Doggis, Juan Profesor, Mastodonte y Tommy Beans, y está atrapada en un amargo pleito con su franquiciador. En el mes de enero, la compañía demandó al mayor holding de comida rápida de Chile frente al Tribunal de Defensa de la Libre Rivalidad (TDLC) por abuso de situación dominante.
Entre octubre y noviembre, otras tres compañías demandaron a G&N Brands, pero por último retiraron sus solicitudes contra esa compañía.
ADR ha anunciado una petición preliminar pidiendo a G&N que genere algunos documentos y usará esta información para demandar a la compañía. Más allá de que el tribunal falló en pos de esa acción, los abogados del franquiciado arguyeron que la compañía matriz de Doggis no dio toda la documentación requerida. G&N en este momento tiene cinco días para aclarar sus reclamos de confidencialidad.
Relevantes abogados en temas de libre rivalidad se combaten en el enfrentamiento. Al paso que ADR va a estar representada por José Miguel Gana -de Gana y Gálvez-, la defensa de G&N va a estar adelante del estudio Ferrada Nehme. Estos últimos asimismo ayudan con la asesoría legal persistente de Sergio Espinoza de Puga Ortiz Abogados.
«Adquisición hostil»
Los cargos de ADR tienen dentro cobrar una «regalía» por la venta de locales, descontar gastos de propaganda, fijar costos con distribuidores y achicar márgenes. No obstante, el mayor cargo contra G&N es la práctica de «compras hostiles». Los franquiciados subarrendan los locales a fin de que, en el caso de quiebra, la compañía matriz se lleve a cabo cargo de ellos.
“La estrategia de hoy de G&N Brands es monopolizar desde adentro la mayor proporción de tiendas, incrementando el número de precisamente 30 en 2021 a mucho más de 160 hoy en dia, de nuevo a cargo de los franquiciados”, se lee en la demanda. .
Cuestionado así mismo, Gana apunta que la estrategia de la multimarca “tiende a machacar al franquiciado que desea retar sus políticas”.
Por este motivo, al lado de ADR, denuncian prácticas controvertibles de la compañía para apretar a la compañía: por servirnos de un ejemplo, afirman que este viernes se va a cortar la luz en uno de sus shoppings, pese a haber comprado las facturas. La explicación es que G&N no remitió el pago a la inmobiliaria dueña de la propiedad.
Gana afirma que esta presión es una estratagema para eludir que la disputa se resuelva con tranquilidad en los tribunales. G&N Brands se negó a formar parte en el artículo.
Desde 2016, el holding de alimentos es controlado por el fondo estadounidense The Carlyle Group, que adquirió la participación mayoritaria de la propiedad a los hombres de negocios chilenos Ricardo Duch y Óscar Fuenzalida.
Una enemistad crónica
La demanda ADR no es la primera de su tipo presentada por la compañía matriz Doggis. En verdad, entre octubre y noviembre, otras tres compañías habían demandado a la compañía por fundamentos afines. Soy Vegón Manipulador de Alimentos, Administración de Compañías y Sociedad de Alimentos de Colchagua. Los 2 últimos empezaron un desarrollo común en el TDLC y más tarde los tres fueron representados por José Ignacio Cárdenas.
En sus escritos, el letrado apuntó que G&N “ha abusado de su situación dominante por medio de una discriminación arbitraria de costos, abuso de una situación ligado y costos desmesurados”.
No obstante, todas y cada una estas declaraciones se han desdicho. ADR y Gana apuntan que, frente a la presión que ejercita la compañía, ninguno de los franquiciados puede soportar sus asaltos legales y se ven forzados a admitir otro género de pactos. «Es imposible combatir contra este enorme», afirma el letrado.
Pero esta pelea no es nada de los últimos meses. En 2016, unas 20 franquicias del mismo TDLC habían demandado a la matriz Doggis y sus distribuidores -Embonor, Andina, Ariztía y Alifrut- por fundamentos afines: discriminación arbitraria de costos, explotación desmesurada y también aumentos desmesurados de costes.
Ocho meses después, en la mitad de la venta de la cadena, los demandantes han comenzado a sacar su demanda. Como conclusión, el TDLC argumentó que no ha podido dictar sentencia completa por el desistimiento de los inculpadores.
No obstante, la Corte Suprema al final anuló ese fallo, explicando que los hechos eran de interés público y iban alén del enfrentamiento entre compañías.
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